Nuestro sindicato alerta de que en la región hay más de 15.000 personas expuestas a los efectos mortales del amianto
"Esta jornada ha servido para dar un impulso notable sobre la gravedad del amianto. Por desgracia, este problema no se ha acabado. Aún está por llegar lo peor de sus secuelas". Más claro no pudo ser Mariano Sanz Lubeiro, secretario regional de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Castilla y León, en el transcurso de la jornada "El amianto: buscando soluciones". A la cita, celebrada el pasado 3 de Marzo en el salón de actos que Caja España tiene en la sucursal vallisoletana de plaza de España, acudieron 120 personas, entre dirigentes sindicales, cuadros, delegados, delegadas, afiliados, afiliadas, afectados, afectadas, simpatizantes, personal de mutuas y de servicios de prevención.
Hernández, Linares, Mediavilla y Sanz en la presentación de la jornada.
Este hombre, que ha vivido en primera persona lo que supone trabajar con este mineral letal (talleres de Renfe Operadora en Valladolid) fue rotundo durante el transcurso de la misma a la hora de exigir medidas que frenen el más que probable goteo de muertes que se producirán los próximos años en esta Comunidad y en el resto del país. "Queremos que la Junta de Castilla y León elabore un registro regional de personas afectadas por mesoteliomas, enfermedad letal provocada por la exposición al amianto, y otro de edificios con amianto. El objetivo no es otro que poder llevar a cabo planes de control", sostenía Sanz Lubeiro.
En este grave problema hay tres reivindicaciones pendientes. La primera, el conocimiento de la peligrosidad de dicho material, conocimiento de los lugares donde se encuentra, de los protocolos de desamiantado, y de las enfermedades que produce (patologías pleurales, asbestosis, mesoteliomas, cáncer pulmonar y bronco-pulmonar y cáncer de laringe, entre los más habituales). No sólo la gente corriente, sino también los estamentos especializados (médicos, mutuas de seguros, jueces, etc.) tienen que conocerlo y a partir de ese conocimiento actuar en consecuencia.
La segunda es la vigilancia de la salud para aquellas denominadas poblaciones de riesgo: trabajadores de empresas que han operado con amianto y población cercana a focos de contaminación. Sanitariamente existen exploraciones específicas que pueden detectar precozmente la enfermedad. Es una enfermedad que no manifiesta síntomas externos antes de los 30 o 40 años. Cuando algunas de las enfermedades aparecen ya es demasiado tarde; es una condena a muerte dolorosísima e ineluctable.
Y la tercera reivindicación es la creación de un fondo de compensación económica para los afectados. Es fundamental. Empresas, mutuas, gobiernos y sanidad tienen que consensuar fondos de compensación para indemnizar a la enorme cantidad de afectados que no tienen dónde recurrir porque la empresa que contaminó ha desaparecido o se declara insolvente. Francia, Holanda, Alemania y Japón ya lo tienen. Otros países, incluido el nuestro, estamos a la espera de que exista este derecho, pese a que CCOO lo viene demandando desde hace ya varios años.
La jornada comenzó con la apertura a cargo de Ángel Hernández Lorenzo, secretario general de CCOO de Castilla y León. Él indicó que estamos rodeados de amianto por todos lados, y aunque no hay estudios con cuantifiquen con absoluta certeza los afectados por su exposición, "de las 60.000 personas estimadas que pueden sufrir alguna enfermedad por haber estado en contacto con el amianto, unas 15.000 corresponderán a nuestra tierra con un más que presumible agónico final".
Ángel Hernández exigió a las autoridades regionales y nacionales "limpiar de amianto la sociedad". Y no sólo eso, "sino que estamos en un momento muy oportuno para acometer la confección de un catálogo de enfermedades profesionales en el que tengan cabida los afectados por amianto y otros productos nocivos para el organismo".
Pedro José Linares García, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, ponía en entredicho las acciones de las diferentes administraciones en todo este drama. "En España se prohibió el uso del amianto en 2002 y parece que ha desaparecido, cuando eso no es cierto. Se trata de un material que tiene un periodo de latencia muy largo en los organismos hasta que aflora de una manera casi letal. Es por ello que hay que volverlo a poner en la opinión pública".
"La clase trabajadora ha sido la pagada por el amianto, ante la impunidad de la patronal, que nunca quiso desvelar la gravedad de su utilización. La mayor parte de la epidemia mortal por el amianto está por llegar y todo apunta que será hacia el 2020". Las previsiones de Linares se basan en lo ocurrido con otros países de nuestro entorno que ya lo han padecido. Incluso fue más allá poniendo sobre la mesa "la gran injusticia" que se está cometiendo con los afectados. "Ellos se encuentran indefensos ante una justicia y administración indiferente ante este auténtico drama. No se les da ninguna satisfacción, ni económica, ni moral ni de ningún tipo cuando su destino está marcado".
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