Trabajo estudia jubilar a los 60 años a los empleados de la construcción
Los dos sindicatos mayoritarios llamaron ayer a la puerta de Trabajo para mostrar que aún quedan recovecos por explorar en el diálogo social. Su propuesta: permitir a los trabajadores de la construcción que con 60 años puedan jubilarse «con todos los derechos».
Es decir, con la misma prestación que recibirían si agotasen la edad legal de retiro (65 años). Por ahora, han logrado arrancar a Celestino Corbacho el «compromiso» de estudiar la iniciativa, según revelaron tras la reunión los portavoces de ambos sindicatos.
En la práctica, la medida apartaría del mercado laboral –con datos tomados de la última Encuesta de Población Activa (EPA)– a 86.800 trabajadores, de los cuales 57.800 son asalariados;22.100 autónomos y 6.900 están en el paro. Pero ahí no acaban las cifras, pues la propuesta tiene una vocación permanente.
Esto significa que si Trabajo accede en los próximos meses a rebajar la edad legal de retiro de los primeros 90.000 trabajadores que cumplen los requisitos en la actualidad, a la vuelta de la esquina se topará con otros 300.000 empleados del ladrillo que ahora rondan la cincuentena.
Desde CCOO insisten en que quien debe ahora armar este rompecabezas es la Seguridad Social. Aunque no debe tardar, porque su objetivo es que las bases del plan se asienten en el actual proceso de diálogo social, a sabiendas de que su desarrollo legislativo será largo. «Cuando nos hablen de costes, sacaremos los nuestros», señaló el secretario general de FECOMA-CCOO, Fernando Serrano Pernas.
Para los artífices del plan, la factura para la Seguridad Social será gravosa. Pero más lo son «las prestaciones por desempleo; los subsidios por incapacidad temporal e invalidez; y las bajas por enfermedad», directamente relacionadas con la construcción.
Con los datos en la mano, si se tiene en cuenta que la pensión media por jubilación se sitúa en los 1024,2 euros/mes y el gasto medio por desempleado ronda los 800 euros/mes, a quien no le salen los datos es a Trabajo.
En especial, al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, encargado de orquestar este ambicioso plan. Su preocupación es cómo podrá afrontar la caja común de los contribuyentes, limitada por la caída de los ingresos de las cotizaciones, pagar de golpe y plumazo a estas 90.000 personas.
Su posición es clara: «No». En cambio, el ministro demuestra una mayor «sensibilidad» con un sector especialmente golpeado por la crisis. No hay que olvidar que la construcción generó en octubre 55.700 parados nuevos respecto a octubre (un 138% más) y los expertos advierten de que el ajuste del ladrillo se reforzará, si cabe, en el primer semestre del próximo año.
Con este telón de fondo, al ministro le toca elegir: si enviar al paro a los trabajadores mayores de 60 años o allanar el camino para que puedan jubilarse anticipadamente. Para el secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández ‘Lito’, este ‘o blanco o negro’ se explica por que los trabajadores de la construcción se ven expulsados del mercado laboral al ser considerados poco productivos o permanecer largos periodos de baja por enfermedad. Además, tras el parón inmobiliario, la recolocación de los parados es una misión imposible. El ministro lo sabe.
Se vuelve a abrir la caja del gasto
Pese a que el vicepresidente económico acaba de afirmar que ya no queda «margen de maniobra» para seguir aumentando el gasto social, Trabajo abrió ayer la puerta para de la hucha presupuestaria que recelosamente vigila Solbes. Las fuentes cercanas al Departamento consultadas señalan que el plan de jubilaciones anticipadas en la construcción supondría aliviar las cargas del Inem. Y matizan: «Tampoco había margen para las moratorias de las hipotecas de los parados y al final ha salido adelante».
Los sindicatos lo tienen claro: «Ha llegado la hora de hacer justicia». Esperan que en los próximos meses el Gobierno les anuncie una respuesta. «No vamos a estar cuatro años mareando la perdiz. Prefiero no pensar qué pasará si la respuesta es negativa», advierten desde uno de los brazos sindicales.
Los dos sindicatos mayoritarios llamaron ayer a la puerta de Trabajo para mostrar que aún quedan recovecos por explorar en el diálogo social. Su propuesta: permitir a los trabajadores de la construcción que con 60 años puedan jubilarse «con todos los derechos».
Es decir, con la misma prestación que recibirían si agotasen la edad legal de retiro (65 años). Por ahora, han logrado arrancar a Celestino Corbacho el «compromiso» de estudiar la iniciativa, según revelaron tras la reunión los portavoces de ambos sindicatos.
En la práctica, la medida apartaría del mercado laboral –con datos tomados de la última Encuesta de Población Activa (EPA)– a 86.800 trabajadores, de los cuales 57.800 son asalariados;22.100 autónomos y 6.900 están en el paro. Pero ahí no acaban las cifras, pues la propuesta tiene una vocación permanente.
Esto significa que si Trabajo accede en los próximos meses a rebajar la edad legal de retiro de los primeros 90.000 trabajadores que cumplen los requisitos en la actualidad, a la vuelta de la esquina se topará con otros 300.000 empleados del ladrillo que ahora rondan la cincuentena.
Desde CCOO insisten en que quien debe ahora armar este rompecabezas es la Seguridad Social. Aunque no debe tardar, porque su objetivo es que las bases del plan se asienten en el actual proceso de diálogo social, a sabiendas de que su desarrollo legislativo será largo. «Cuando nos hablen de costes, sacaremos los nuestros», señaló el secretario general de FECOMA-CCOO, Fernando Serrano Pernas.
Para los artífices del plan, la factura para la Seguridad Social será gravosa. Pero más lo son «las prestaciones por desempleo; los subsidios por incapacidad temporal e invalidez; y las bajas por enfermedad», directamente relacionadas con la construcción.
Con los datos en la mano, si se tiene en cuenta que la pensión media por jubilación se sitúa en los 1024,2 euros/mes y el gasto medio por desempleado ronda los 800 euros/mes, a quien no le salen los datos es a Trabajo.
En especial, al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, encargado de orquestar este ambicioso plan. Su preocupación es cómo podrá afrontar la caja común de los contribuyentes, limitada por la caída de los ingresos de las cotizaciones, pagar de golpe y plumazo a estas 90.000 personas.
Su posición es clara: «No». En cambio, el ministro demuestra una mayor «sensibilidad» con un sector especialmente golpeado por la crisis. No hay que olvidar que la construcción generó en octubre 55.700 parados nuevos respecto a octubre (un 138% más) y los expertos advierten de que el ajuste del ladrillo se reforzará, si cabe, en el primer semestre del próximo año.
Con este telón de fondo, al ministro le toca elegir: si enviar al paro a los trabajadores mayores de 60 años o allanar el camino para que puedan jubilarse anticipadamente. Para el secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández ‘Lito’, este ‘o blanco o negro’ se explica por que los trabajadores de la construcción se ven expulsados del mercado laboral al ser considerados poco productivos o permanecer largos periodos de baja por enfermedad. Además, tras el parón inmobiliario, la recolocación de los parados es una misión imposible. El ministro lo sabe.
Se vuelve a abrir la caja del gasto
Pese a que el vicepresidente económico acaba de afirmar que ya no queda «margen de maniobra» para seguir aumentando el gasto social, Trabajo abrió ayer la puerta para de la hucha presupuestaria que recelosamente vigila Solbes. Las fuentes cercanas al Departamento consultadas señalan que el plan de jubilaciones anticipadas en la construcción supondría aliviar las cargas del Inem. Y matizan: «Tampoco había margen para las moratorias de las hipotecas de los parados y al final ha salido adelante».
Los sindicatos lo tienen claro: «Ha llegado la hora de hacer justicia». Esperan que en los próximos meses el Gobierno les anuncie una respuesta. «No vamos a estar cuatro años mareando la perdiz. Prefiero no pensar qué pasará si la respuesta es negativa», advierten desde uno de los brazos sindicales.
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