La reforma laboral aprobada el año pasado tendrá este año efectos que los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores consideran graves porque derogarán el contenido de al menos 200 convenios en la comunidad autónoma el 8 de julio próximo, lo que dejará a los cerca de 150.000 trabajadores que ahora rigen sus relaciones laborales por estos pactos sin otra normativa a la que acogerse que el Estatuto de los Trabajadores, “pero desaparecerán todos los derechos conseguidos durante estos años”, precisaron los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente. Los dos sindicalistas han presentado los resultados de la negociación colectiva del año 2012 y también la situación de más de cuatrocientos convenios pendientes de discutir entre trabajadores y empresarios. Andrés y Temprano realizaron un llamamiento a la cordura y a la senstez “de muchos empresarios de Castilla y León, que los hay” ante la falta de interlocución en la directiva de la patronal de la comunidad autónoma, la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) que actualmente cuenta con un presidente en funciones y que se halla inmersa en un procedimiento electoral. Esta circunstancia, indicó Andrés, hace que en los intentos de formación de la Comisión Regional de Seguimiento de los Convenios haya sido imposible hasta ahora la constitución de este órgano exigido por la reforma laboral. “Estamos como al comienzo de la democracia, cuando no existía una interlocución unitaria por parte de los empresarios”, aseguró el sindicalista de Comisiones Obreras.
Pendientes de firma
CCOO y UGT cifran en 472 los convenios colectivos pendientes de firma en Castilla y León, algunos de ellos desde el año 2006, con un total de 245.085 trabajadores afectados por esta situación. Del total de pactos pendientes de nuevo acuerdo, 346 convenios con 52.365 trabajadores son de empresa; y otros 126 que afectan a 192.729 empleados, son de sector. Vicente Andrés y Faustino Temprano han presentado estos datos, para denunciar la “grave situación” por la que atraviesa la negociación colectiva en la comunidad autónoma, de la que responsabilizaron a las “endebles” estructuras de la patronal autonómica Cecale, donde todavía tienen más peso las agrupaciones provinciales que la representación de carácter regional.
Los dos dirigentes sindicales demandaron un desbloqueo de esta situación ante el nuevo escenario de negociación colectiva abierto con la reforma laboral en vigor desd el 8 de julio del año pasado, lo que supone una nueva regulación de las cláusulas de descuelgue de las empresas respecto a los convenios colectivos y provinciales y también una nueva manera de regular la ultraactividad, es decir, qué ocurre cuando acaba el periodo de vigencia de un convenio y todavía no se ha firmado otro que lo sustituya. Aspecto este último que provocará que en esa fecha de este año, decaerán 200 convenios que afectan a 150.000 trabajadores de la comunidad, sino se suscriben, con la consiguiente pérdida de derechos para estas personas hasta el Estatuto de los Trabajadores.
Los dos sindicalistas expusieron que en Castilla y León es precisa la definición de los instrumentos para regular esos dos aspectos, el primero a través de la Comisión Consultiva Regional de Convenios Colectivos, y el segundo, con el Servicio de Relaciones Laborales (Serla); para los que apostaron por la voluntariedad de los arbitrajes. Al respecto, arremetieron contra Cecale por abogar por la desregulación evitando el acuerdo y advirtieron a los empresarios de las consecuencias sobre la unidad de mercado sino se marcan unas reglas de juego en Castilla y León.
Modelo sudamericano
Vicente Andrés ha indicado que la situación de la negociación colectiva es en la actualidad “radicalmente distinta a la de los últimos 50 años” y se ha pasado de uno de los modelos denegociación “más potentes a otro deshilachado, más parecido al de los países sudamericanos”. Así expuso que desde las centrales sindicales deben “rearmarse” ante una nueva negociación colectiva que perjudica a toda la sociedad, a la que empobrece; así como a una clase empresarial, rompiendo las unidad de mercado e introduciendo una situación de dumping.
“El escenario es radicalmente nuevo”, ha dicho y considera que se introduce un “modelo asimétrico” de relaciones laborales en España por autonomías, situación que hace necesaria una definición del área de negociación en la comunidad, con la creación de la Comisión Consultiva Regional de Convenios Colectivos y la modificación del Serla (su laudo será obligatorio en el caso de desacuerdos si no se reforma); para los que apuestan por su carácter voluntario en ambos casos; el primer órgano para los descuelgues, y el segundo, para la ultraacitvidad.
Vicente Andrés recordó, en este contexto, que remitieron a la patronal hace un par de meses una propuesta de acuerdo conjunto sobre ambos temas, y para hacer una declaración en defensa de la negociación colectiva sectorial, y “no ha sido posible un acuerdo”. Andrés recalcó que dentro del Diálogo Social, el “paradigma” de las relaciones en Castilla y León, se comprometieron a cerrar la creación de la Comisión (debe ser aprobada por un decreto de la Junta), pero en las negociaciones bilaterales, no han sido capaces de cerrar nada, “ni siquiera lo básico que es mantener la negociación colectiva y la unidad de mercado”. Criticó en este sentido que la comunidad siga sin una patronal autonómica, como antes de la transición, para hacer un llamamiento a los empresarios responsables de la comunidad, “que los hay”, para que creen una estructura que realmente constituya una “contraparte” a nivel autonómico, ya que aunque negocian a nivel provincial, así es imposible cerrar acuerdos globales. “Es necesario estructurarlo, coserlo todo para poder contar con un modelo de negociación para los próximos años, porque sino esto será la ley de la selva, y el trabajador estará totalmente desprotegido”, resumió Vicente Andrés.
Acuerdo en enero
Faustino Temparano ha destacado, por su parte, que los sindicatos pretenden cerrar un acuerdo con la patronal en todas estas materias antes del 31 de enero de este, pero advirtió de que eso no significa que lo harán “a cualquier precio”. El problema estriba en que apuestan por la voluntariedad en el arbitraje de la Comisión sobre descuelgues, si se asume esa misma voluntariedad que reclama Cecale para acudir a los laudos del Serla sobre la ultraactividad. Temprano defendió además que para los sindicatos sigue vigente el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva suscrito a nivel nacional con los emrpesarios.
El sindicalista de UGT indicó que para el empresariado la regulación colectiva también es fundamental para evitar el dumping en salarios y garantizar la unidad de mercado; y sin ella las organizaciones patronales “no tienen sentido”. Así, criticó que Cecale ha hecho caso omiso a los escritos enviados desde sus organizaciones y abogó por un “interlocutor válido para desbloquear” la situación actual. Asimismo, recalcó que cada vez existe más paro y los que conservan sus empleos han visto reducidos sus salarios un 25 % entre 2011 y 2012, con la consiguiente repercusión en el consumo. “No es lógico que el beneficio de las empresas en 2012 esté basado en un incremento de la jornada laboral de los trabajadores y en una disminución del sueldo de sus plantillas. Ni es lógico, ni es bueno para el conjunto de la sociedad”, ha agregado.
Temprano destacó que el 95% de los convenios colectivos siguen pendientes de firma en Castilla y León y señaló que la reforma laboral del Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha cumplido sus objetivos en relación al empleo y la modernización de la negociación colectiva, porque “no se llega a acuerdos porque la parte empresarial no quiere”.
El secretario de Acción Sindical de UGT ha aclarado que el empresariado “no quiere negociar en base a la ultraactividad”, ya que una vez denunciado el convenio, tras un año, desde la entrada en vigor de la nueva ley, “se pierde” y el trabajador “pierde todos sus derechos adquiridos”. Este aspecto se debería negociar en el Serla, que deben reformar ambas partes, aunque si no se cierra un acuerdo hacia la voluntariedad del laudo, ha recordado, el arbitraje será obligatorio y se mantendrá el convenio de una u otra forma. En materia de descuelgues, explicó que su regulación se debería circunscribir a la Comisión que se acordó en el Diálogo Social, pero no han podido cerrar un acuerdo con los empresarios, y “Castilla y León podría ser la única autonomías en España sin ella”, aunque podría suscribir un convenio con la estatal.
Marcar los objetivos
Ambos sindicatos reunirán mañana en Valladolid a sus estructuras negociadoras con los máximos responsables provinciales, de sus federaciones y de sus 25 secciones sindicales de mayor tamaño, en una jornada sobre los 'Retos de la negociación colectiva en Castilla y León'. Temprano expuso que en un proceso cada vez más judicializado, los sindicatos han invitado a la magistrada de la Sala de los Social del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano; y al abogado, profesor de Derechos del Trabajo de la Universidad de Valladolid y conciliador mediador del Serla José María Blanco Martín.
Junto a ellos intervendrán los secretarios de Acción Sindical de las centrales en la Comunidad, y abrirá la jornada el secretario autonómico de CCOO, Ángel Hernández, y la cerrará su homólogo en UGT, Agustín Prieto. Durante la jornada, explicó Vicente Andrés, se aprobará alguna resolución que constituirá la “hoja de ruta” ante el nuevo escenario abierto en las relaciones bilaterales entre empresarios y sindicatos.
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