El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, anunció en diciembre pasado que las nuevas ayudas al alquiler estarían en vigor a finales de marzo, pero las dificultades que se ha encontrado su departamento para llevar a cabo su gestión han terminado por retrasar su aprobación.
Los principales escollos son dos: “que contamos con muy poco dinero para conceder, pese a la necesidad que existe, y que queremos asegurarnos de que las ayudas llegan a quienes de verdad lo necesitan”, explicaron ayer fuentes del Departamento que dirige Ana Pastor.
Entre las novedades más importantes que incluye este programa plurianual destaca que ya no se contempla ninguna ayuda o subvención para edificar nuevas viviendas protegidas (VPO) en régimen de compra. Esto supone un antes y un después en la política de vivienda social llevada hasta ahora en España tanto por gobiernos socialistas como del PP. A partir de este momento, todos los esfuerzos se encaminarán al arrendamiento y la rehabilitación de un envejecido parque inmobiliario, pese a lo mucho que se construyó durante la etapa del boom.
Facilidades para realizar obras
El primer borrador de este plan preveía rescatar la ayuda directa al alquiler que implantó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según dicho texto, se contempla financiar hasta un 50% del alquiler que paguen todas aquellas unidades familiares cuyos ingresos no superen los 1.600 euros al mes o 22.365 euros anuales. El problema es que esas ayudas que se aprobaron en tiempos de Zapatero continúan hoy generando unas obligaciones presupuestarias de 960 millones de euros al año, “cantidad muy superior a la consignada en los Presupuestos Generales del Estado para este año”, según reza en el texto que aprueba hoy el Ejecutivo al que ha tenido acceso CincoDías.
No es de extrañar que con esta fuerte limitación de recursos, Fomento haya anunciado que estudiará caso por caso para evitar situaciones injustas. Catalá ya desveló en el Congreso de los Diputados que el 25% de los jóvenes que recibieron los 210 euros de ayuda mensual pagaban de renta más de 630 euros, que fue el límite establecido entonces por el Ejecutivo. “Se llegaron a subvencionar alquileres de 1.000 euros mensuales”, subrayan en el Ejecutivo del PP. Así, la nueva ayuda que se aprueba hoy tratará de poner solución a esa picaresca.
En el lado de la rehabilitación, se esperan muchas novedades también. El nuevo marco regulatorio contempla un sistema de ayudas para las comunidades de vecinos que realicen obras de rehabilitación o mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de sus edificios de viviendas, que ascenderán a un máximo de 6.000 euros por casa.
Estas ayudas, anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación, podrían completarse con el establecimiento de un nuevo sistema de incentivos fiscales o créditos blandos a la realización de obras de mejora en el interior de las viviendas, similares al plan de ayudas PIVE puesto en marcha por el Gobierno para el sector del automóvil. Se trata de la principal reivindicación que en materia de construcción he hecho llegar la CEOE al Gobierno.
Esta otra clase de ayudas se completará con el real decreto que también verá hoy la luz sobre el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, que ha elaborado Fomento en colaboración con el Ministerio de Industria. Con todo ello, el Gobierno busca contribuir a la reactivación del sector constructor e inmobiliario impulsado el segmento de la rehabilitación, además de fomentar el ahorro y la eficiencia energética de las viviendas.
Reactivar un sector que llegó a 1,9 millones de empleados
El sector de la construcción puede acabar este año con menos de 600.000 empleados en toda España por el parón que registra esta actividad, lo que arroja un ajuste del 68% desde el máximo de 1,9 millones de empleados con que llegó a contar antes de la crisis, en los años del boom, según la Federación de Construcción Madera y Afines (Fecoma). Para atajar esta tendencia, el sindicato pide inversión en obra pública y facilitar crédito para la rehabilitación de viviendas a través de la banca nacionalizada.
Así lo señalaron ayer los secretarios generales de Fecoma en Asturias y en España, Jeremías Dosantos y Vicente Sánchez, respectivamente, en la rueda de prensa previa a la celebración del primer consejo de la dirección regional de esta central sindical. “Esto no pasa en ningún país de Europa”, señaló respecto a la caída del empleo Vicente Sánchez, quien recordó que Italia tiene 1,5 millones de asalariados en este sector.
El secretario general estatal de Fecoma explicó que solo en lo que va de año se ha perdido el 5% de los trabajadores, una rebaja que en todo 2012 fue del 20%.
Asimismo, indicó que en el área de la madera había 350.000 empleos en 2007 y en estos momentos son 169.000 trabajadores, mientras que en el de los materiales llegó a haber 250.000 trabajadores, y en la actualidad no se llega ni a 100.000, informa Europa Press. De su lado, Dosantos alertó que la cifra de trabajadores en Asturias en el sector de la construcción ha descendido desde el año 2006 de 40.000 a los algo más de 12.000 actuales, que de no cambiarse la actual dinámica, se quedarían en menos de 10.000 a final de año. Ante estos datos, CC OO pide invertir en obra pública, ya sea en infraestructuras, vivienda social o rehabilitación.
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