CCOO considera que la intervención de la policía judicial de la Mutua Canaria, debido a las presuntas irregularidades detectadas en los informes de auditoría de dicha Mutua, pone de relieve la necesidad de reflexionar y debatir sobre el modelo actual de gestión de las prestaciones tras los accidentes y las enfermedades profesionales. "El actual modelo de gestión, lejos de orientarse al servicio de la salud, se mueve por criterios economicistas, buscando el enriquecimiento de sus gestores, desatendiendo las demandas de mejora del bienestar de la población trabajadora", denuncia el secretario confederal de Salud laboral de CCOO, Pedro J. Linares.
El martes 15 de septiembre de 2009, entraba en la sede social de la Mutua Canaria, la policía judicial, debido a las presuntas irregularidades detectadas en los informes de auditoria de dicha mutua. Esta intervención judicial se añade a la actuación administrativa que había detectado infracciones a las normas y procedimientos que deben seguir las mutuas, como entidades colaboradoras de la seguridad social. Un presunto entramado familiar, que envuelve a la gerencia, desvía el dinero público a negocios lucrativos privados.
El martes 15 de septiembre de 2009, entraba en la sede social de la Mutua Canaria, la policía judicial, debido a las presuntas irregularidades detectadas en los informes de auditoria de dicha mutua. Esta intervención judicial se añade a la actuación administrativa que había detectado infracciones a las normas y procedimientos que deben seguir las mutuas, como entidades colaboradoras de la seguridad social. Un presunto entramado familiar, que envuelve a la gerencia, desvía el dinero público a negocios lucrativos privados.
La intervención administrativa y judicial se ha producido tras haberse agotado los plazos requeridos por la Seguridad Social para que la Mutua adoptase una serie de medidas y continuase su labor, ya que antes del verano se requirió a la Gerencia y a la Junta Directiva que subsanasen una serie de aspectos, que pasaban por suspender cautelarmente al actual equipo de dirección, por su gestión irregular y en casos presuntamente delictiva y de este modo iniciar una serie de medidas tendentes a devolver a dicha mutua su funcionamiento normalizado. En ningún caso se ha cuestionado la viabilidad económica de la entidad colaboradora, sino la gestión que se ha dado en los años auditados.
El equipo directivo de esta mutua, que son los presuntos responsables de los delitos y faltas que se atribuyen, hizo caso omiso de los requerimientos. Sumándose la propia Junta Directiva (puesta al día de la desafortunada gestión) por la no adopción de la competencia de suspender a tales personas y depurar responsabilidades. De ahí que agotados los plazos prudentes ha actuado la Seguridad Social y la fiscalía anticorrupción.
"Debemos recordar una vez más que estas entidades, con gestión privada, ejercen funciones públicas, al dar servicio a las personas que sufren daños como consecuencia del trabajo que realizan. Por tal motivo, manejan dinero público, procedente de las cotizaciones a la seguridad social, debiéndose someter a las orientaciones y controles que establece la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social", señala Pedro J. Linares, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO.
"Desde CCOO se ha pedido que caiga todo el rigor de la ley sobre aquellos que se han enriquecido irregularmente usando el dinero público para su lucro personal. Preservando a la entidad de las irregularidades de sus gestores y pidiendo el máximo respeto por los puestos de trabajo y el servicio que se presta a los trabajadores enfermos o accidentados a los que se da cobertura", añade Linares.
El caso Mutua Canaria es continuación de las preocupantes noticias que sobre el sector se vienen sucediendo. En el mes de marzo del presente año, un informe demoledor del Tribunal de Cuentas, sobre una muestra de ocho mutuas, desveló las irregularidades, en ocasiones rallando el delito, de la gestión de las cúpulas directivas de las mutuas que incurren en:
Actuaciones contables no adaptadas al plan de contabilidad aplicable a la administración pública. Vulneración de los principios de la ley de contratos del sector público. Que obliga a la oferta a concurso de las actuaciones de envergadura y la elección de aquel contrato que ofrezca la mayor eficacia y gestión eficiente del dinero público. Incumplimiento de los principios de incompatibilidad del cargo directivo con negocios que se lucran de los servicios prestados a la propia mutua. Cesión ilegal de trabajadores bajo el criterio de prebenda para aquellas empresas asociadas a las que se persigue fidelizar. Irregularidades en las acciones comerciales con el fin de asociar empresas. Realización de actividades con dinero cargo a cuotas fuera del ámbito de actuación de las mutuas. Destino de actuaciones fuera de los fines de la seguridad social. Ya en el año 2005, las mutuas firmaron una "Acuerdo de Buenas Prácticas", que suscribieron todas las que forman el sector, que fue un reconocimiento implícito de que se estaban realizando actuaciones no sujetas a derecho. En años siguientes la Seguridad Social ha tenido que ir articulando un sistema de pesos y contrapesos, con el fin de cercenar las actividades irregulares de estas entidades colaboradoras. Sólo con los sistemas de control han aflorado recursos que se podrían haber destinado a la mejor asistencia y a la prevención, reduciendo, con ello, el margen de disponibilidad de los gestores para dar rienda a las prácticas fraudulentas.
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