El Consejo del Diálogo Social dio en la mañana de ayer un paso determinante para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en la Comunidad. Los representantes de los agentes sociales y la Administración rubricaron en la sede de Presidencia (Colegio de la Asunción) de la Junta de Castilla y León las bases de la futura Ley de Derecho a la Vivienda, la conversión en viviendas protegidas una gran parte del actual parque de viviendas libres de la región, incrementar los recursos en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, y por último, se ha aprobado el reglamento de funcionamiento interno del Consejo.
La rúbrica de estos acuerdos fue realizada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, los secretarios regionales de CCOO, Ángel Hernández, de UGT, Agustín Prieto, y de la patronal, Jesús María Terciado. Además, este cuarteto estuvo arropado por algunos de sus compañeros de Ejecutiva y Gabinete. Por Comisiones Obreras estuvieron presentes en la firma Saturnino Fernández, Vicente Andrés, Rosa Eva Martínez y Carlos Castelo. "Desde Comisiones Obreras valoramos positivamente los acuerdos hoy firmados, como todo lo relacionado con el proceso de Diálogo Social", refrendaba Hernández."
La medida relativa a la vivienda no va a generar empleo a corto plazo"
Las dos iniciativas que se acordaron en la mañana de ayer persiguen fundamentalmente la dinamización del sector inmobiliario y de la construcción, muy tocados por los efectos de la crisis. La conversión en viviendas con algún tipo de protección oficial el actual stock de viviendas libres pendientes de ser vendidas en la Comunidad, cuyo número asciende a 40.000. De este montante, cerca de 30.000 pisos de nueva construcción pendientes de vender pueden ser convertidos en viviendas protegidas.
En cuanto a las bases de la Ley de Derecho a la Vivienda, según el presidente de la Junta, "se trata una normativa muy moderna, integradora, con visión social y territorial". El documento señala que la ley debe establecer las bases para lograr que las familias castellanas y leonesas no dediquen más de una tercera parte de sus ingresos en el acceso a una vivienda protegida, y resalta también que se exigirá a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes una planificación en materia de vivienda para acceder a las ayudas de la Junta.
Con esta medida miles de familias castellanoleonesa podrán tener un acceso más fácil a una vivienda. Además, esta inmovilización provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan paralizados. "En cuanto al futuro Plan Director de la Vivienda para el periodo 2010-2013, éste va hacer hincapié en la rehabilitación de edificios y en la dinamización de las viviendas de alquiler. Los agentes sociales tendremos que negociar ambos aspectos para lograr los cotas máximas", afirmaba Ángel Hernández
Más recursos para conciliar la vida familiar, laboral y escolar
Los acuerdos firmados en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y escolar permitirán incrementar los recursos hasta el año 2012 el presupuesto de los programas "Madrugadores", "Tardes en el Cole" y "Centros Abiertos". De hecho, para el presente ejercicio de 2009 la aportación de la Junta será de 6,2 millones de euros. La Mesa del Diálogo Social acordó que en los tres programas, los padres y tutores deben acreditar que desarrollan su vida laboral durante las horas y periodos que sus hijos acuden a los centro, como requisito imprescindible para ser beneficiarios de los mismos.
Este capítulo también contempla la situación de aquellos padres que no tienen trabajo para ser beneficiarios del mismo. "Si a los padres de las familias más desfavorecidas y sin trabajo no los integramos en estos programas lo iban a tener muy complicado para buscar empleo. Es por ello que sus hijos también van a ser beneficiarios de los mismos", sentenció Hernández.
Por último, el Consejo del Diálogo Social ha aprobado su reglamento de funcionamiento interno. Entre las medidas acordadas se ha decidido que el viceconsejero de Empleo, en la actualidad es Ignacio Ariznavarreta, sea nombrado Secretario del Consejo. El burgalés ya desempeñaba esta labor, en funciones, desde que se constituyó el Consejo en noviembre de 2008.
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