La Ley de Vivienda hará obligatorias la ITV de los edficios.

Las comunidades de propietarios podrán acceder a ayudas que oscilarán entre el 20% y el 30% del coste de las obras cuando se vean obligadas a hacer reformas imprescindibles para pasar la inspección técnica del inmueble, también conocida para la ITV de los edificios. El consejero de Fomento, Antonio Silván, avanzó ayer el establecimiento de esta nueva ayuda para comunidades de propietarios, que supondrá en la práctica una reorientación de la convocatoria autonómica de subvenciones de vivienda para reforzar la rehabilitación. La Junta establece ayudas para el arreglo y la adaptación de viviendas antiguas que pueden solicitar los particulares propietarios de las mismas (4.400 se concedieron en 2009 y 45.800 en los últimos años), a las que se sumarán las dirigidas a las comunidades de propietarios.

El consejero Silván mantuvo ayer una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación Castellana y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso. Ambos mostraron su confianza, al finalizar el encuentro, en el tirón que puede suponer para el sector de la construcción la actividad de rehabilitación de viviendas antiguas.

La futura Ley del Derecho a la Vivienda en Castilla y León, que se aprobará en las Cortes previsiblemente el 24 de agosto, recalca la obligatoriedad de superar la inspección técnica de edificios para los inmuebles entrados en años. «Por seguridad de todos y por garantizar las condiciones de habitabilidad de los que viven en ellos», argumentó el consejero de Fomento. Serán los edificios de más de 40 años, en Castilla y León alrededor de 240.000, los que primero deberán pasar la ITV. Las comunidades de propietarios que se salten esta obligación de enfrentan a una sanción económica que oscilará entre los 3.001 euros y los 15.000 y a verse obligadas a acometer la inspección del inmueble después de pagar la multa.

Valladolid y León
La ITV de los edificios se estableció hace años, coincidiendo con varios sucesos de derrumbes de edificios antiguos en ciudades como Madrid o Barcelona, pero tropezó con lagunas técnicas de aplicación que han supuesto en la práctica que la inspección de inmuebles no se haya estrenado, salvo casos muy excepciones como el de los ayuntamientos de Valladolid y León. Eso va a cambiar. La Consejería de Fomento pondrá a disposición de los responsables de llevarlas a acabo el soporte tecnológico necesario para formalizar la inspección que ha elaborado el Instituto de la Construcción de Castilla y León. A la obligación legal para las comunidades de propietarios de pasar esta ITV se unirá a otra complementaria de llevar al día un 'Libro del Edificio', que reflejará las referencias técnicas y jurídicas de la finca y las obras de remodelación que se hagan. La implantación de hecho de la ITV para edificios será pareja a la nueva ayuda para las comunidades de propietarios que tengan que acometer obras. «Este apoyo incentivará la rehabilitación y revalorización de esos edificios», precisó Antonio Silván.

Las esperanzas que tanto el consejero como Emiliano Alonso ponen en las reformas de inmuebles antiguos como bocanada de oxígeno para un sector, el de la construcción, en el que la obra nueva ha sufrido una fuerte debacle, con la consiguiente destrucción de empleo, conllevará también la puesta en marcha de cursos de reciclaje para especializar a trabajadores y parados de este sector en el campo de la rehabilitación de edificios. Silván calificó la futura legislación autonómica como «una oportunidad» para el sector por el «impulso que supone para la rehabilitación», que se traducirá en «mantenimiento y creación de empleo». El reciclaje profesional de albañiles y oficios ligados a la construcción que se han centrado hasta ahora en obra nueva correrá a cargo de la Junta de Castilla y León y de la Fundación laboral de la Construcción.

El presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción vio el futuro del sector en la «sostenibilidad» de los edificios que diseña la futura legislación y apuntó que la modernización de inmuebles permitirá la recuperación de unos desempleados, «antes irrecuperables y que ahora podrán reubicarse en ese subsector», el de las reformas.

Emiliano Alonso fijó como objetivo económico quintuplicar la inversión actual en rehabilitación de edificios. El responsable autonómico de los constructores destacó el potencial de las reformas y adaptaciones de inmuebles y resaltó que ahora, de cada euro que se emplea en proyectos constructivos, 14 céntimos se destinan a rehabilitación. El objetivo es incrementar esos 14 céntimos hasta 70 de cada euro.

El ahorro «cautivo»
Emiliano Alonso incorporó en este punto la teoría del ahorro «cautivo» que tienen las familias en sus cuentas bancarias y que no se pone en circulación por miedo a la crisis económica. «El 80% de los hogares domésticos tienen empleo» y capacidad de ahorro, aseguró el dirigente empresarial, quien destacó que esa 'hucha' nunca ha estado tan llena como ahora, pero que sus dueños tampoco nunca como ahora se están 'cortando' de gastar por si vienen mal dadas. Eso hace que los ciudadanos dispongan, a juicio de Alonso, de financiación suficiente para abordar obras de reforma en sus viviendas y edificios que mejoren el ahorro y la eficiencia energética, la accesibilidad, el aislamiento acústico y otras iniciativas que trasvasen ese ahorro a las empresas constructoras y afines.

Fiscalidad favorable
El presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción destacó que la nueva ayuda que prevé la Junta para las comunidades de propietarios complementará el IVA súper reducido del 4% que el Gobierno central ha decidido aplicar a las reformas de casas usadas y a la desgravación que prevé el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este marco fiscal y de ayudas públicas (la nueva para comunidades de propietarios y las vigentes para particulares) contribuirá, según el representante del sector, a propiciar el caldo de cultivo adecuado para relanzar las obras de rehabilitación de viviendas.

El consejero Antonio Silván animó a los ciudadanos a no ver la obligatoriedad de la ITV de los edificios como una medida meramente coercitiva y reiteró que se plantea en términos de «calidad de vida» y «seguridad», para lo que se llevarán a cabo medidas de sensibilización de los ciudadanos sobre la necesidad de actuar de forma preventiva en las reformas que necesitan los inmuebles.